Reforma educativa de México: entre debates legislativos e intereses sindicales

El destino de la reforma del sistema educativo de México, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto para sacar a su país de un histórico y profundo rezago, se juega entre debates legislativos y los intereses corporativos de un sindicato, el más poderoso de Latinoamérica.

En México, un país de cerca de 112 millones de habitantes, 64% de los niños en edad de cursar primaria la terminan, sólo 51% hace lo propio en secundaria y apenas 27% de los jóvenes en edad de terminar el bachillerato. Sólo 13% obtiene una licenciatura y únicamente 2% un postgrado, según un cálculo de ONGs que toman diferentes datos oficiales.

Además de los 65 países que forman parte del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por su sigla en inglés, impulsado por la OCDE), México ocupa el lugar 48 en desempeño de lectura, 51 en matemáticas y 34 en ciencias. De los países latinoamericanos que participan, Uruguay y Chile superan a México en todos los rubros, pero Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y Perú se ubican en posiciones aún más bajas.

Para revertir esta situación, y con el apoyo de los líderes de los tres principales partidos de México, Peña Nieto presentó el 10 de diciembre a la Cámara de Diputados una reforma educativa. La madrugada de este viernes fue aprobada por el Senado aunque con varias enmiendas, por lo que deberá pasar nuevamente por la cámara baja.

La iniciativa busca identificar, a través de un censo, el hasta ahora desconocido número de profesores, plazas docentes y escuelas del país, lo que ayudaría a esclarecer en qué se gasta el 6,2% del PIB que México destina a la educación, según el reporte divulgado en septiembre de 2012 por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

El gobernador de Guerrero (sur), Ángel Aguirre, denunció el jueves que solamente en su estado “hay 12.000 maestros que hacen todo, menos estar frente a un aula (…) y cerca de 500 plazas como jefe de enseñanza que ganan casi 50.000 pesos al mes (unos USD 3.890), y que tampoco trabajan en labores propias de la educación”.

La reforma también plantea fortalecer la autonomía administrativa de las escuelas, crear otras más de tiempo completo e impulsar en ellas el suministro de alimentos nutritivos.

Pero el punto central y polémico es la implementación de un sistema de evaluación de profesores, para que éstos sean contratados y ascendidos por sus cualidades profesionales y no por simple designación del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

Con cerca de 1.200.000 afiliados, este sindicato, el más grande de Latinoamérica, es dirigido desde 1988 por Elba Esther Gordillo, una figura tan poderosa como polémica por su férrea administración y lujoso tren de vida.

El jueves, durante su Consejo Nacional, el SNTE negó que controlara el sistema educativo y rechazó el capítulo de la reforma que condiciona la permanencia de los maestros a una evaluación.

El SNTE “no puede respaldar una medida que amenaza la estabilidad laboral”, dijo la lideresa Gordillo, quien anunció una “resistencia pacífica” que no incluirá suspensión de clases.

El coordinador de los diputados del gobernante Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones, opinó que “todos aquellos que estén en oposición a esta reforma constitucional van contra la mayoría, no obstante que están cuidando sus intereses particulares”.

Esta tesis fue secundada por asociaciones civiles, como la Unión Nacional de Padres de Familia y la ONG Primero México, cuyo director, David Calderón, comentó a la AFP que la reacción del sindicato defiende el “sistema de privilegios al que se acostumbró la profesora Gordillo y sus compañeros en la cúpula”.

Sin embargo, el reconocido historiador y académico de México Lorenzo Meyer estimó para la AFP que la lideresa sindical no se quedará en su posición largamente, “pues de hacerlo, juega todavía más el papel que Peña Nieto le quiere hacer jugar, el del poder fáctico perverso”.

Lo cierto es que aunque Gordillo ceda y el Congreso apruebe definitivamente la reforma, el camino sigue siendo largo para que la reforma empiece a aplicarse.

Antes de ello “van a pasar muchos años”, estimó Calderón, pues primero se deberán establecer sus estándares de evaluación, generar los instrumentos, procesar la información de millones de maestros, otorgar la oportunidad de que se mejoren y volver a evaluarlos antes de tomar decisiones definitivas.

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